El columnista Cory Doctorowitz sostiene que las leyes de "verificación de edad" en internet no protegen a los menores: en realidad los someten a una vigilancia masiva sin precedentes, equiparable o peor que la del propio sector publicitario. Bajo una alianza improbable entre grupos críticos con las grandes tecnológicas y sectores conservadores como la Heritage Foundation, diversos parlamentos están aprobando normativas que obligan a cualquier usuario a identificarse y a que se registre al detalle su actividad en línea.
Según el autor, esa arquitectura de vigilancia es la materia prima que permite a los algoritmos dirigir contenido dañino hacia los adolescentes, desde foros de misoginia hasta material que promueve trastornos alimentarios. Ningún daño atribuible a la red se produce sin la recopilación previa de datos personales, razón por la cual Doctorowitz afirma que cualquier estrategia seria de protección infantil debe empezar por limitar la vigilancia comercial, no por expandirla.
La columna denuncia que Estados Unidos no ha actualizado su legislación de privacidad del consumidor desde 1988 y que la Unión Europea confía su aplicación a Irlanda, paraíso fiscal donde los casos contra las grandes plataformas quedan archivados. Además, vincula la presión regulatoria con la fusión entre las tecnológicas estadounidenses y la actual administración Trump, que estaría dispuesta a sancionar a países que intenten regular a esas compañías. En el Reino Unido, el gobierno laborista ha situado la prohibición de las VPN en su agenda de julio, un movimiento que, combinado con la verificación de edad, dejaría a los menores sin herramientas para proteger su privacidad y sin escapatoria frente a la vigilancia.
Doctorowitz concluye que los datos recogidos hoy para "verificar" la edad de los usuarios serán mañana aprovechados por agencias como ICE, y que proteger a la infancia de la vigilancia en línea exige precisamente lo contrario de lo que las leyes actuales proponen.