La aldea de Ventorros de Balerma, situada en la sierra de Campo Agrio, presenta una anomalía administrativa única en España: se encuentra dividida por una calle entre las provincias de Granada y Córdoba. Esta situación, heredada de la frontera histórica entre los reinos de Granada y Córdoba que se consolidó en 1833, genera complicaciones en la gestión de servicios públicos y la fiscalidad. El pueblo carece de un ayuntamiento propio y no tiene un padrón municipal unificado; el Instituto Nacional de Estadística (INE) contabiliza a sus habitantes en los municipios de Iznájar (Córdoba) y Loja (Granada). En 2025, la población total se estima en torno a los 211 habitantes, aunque las cifras varían según la fuente. La división administrativa afecta directamente a la vida cotidiana: el colegio y los bares pertenecen a la zona cordobesa, mientras que el consultorio de salud y el servicio de recogida de residuos dependen de la administración granadina. Además, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y las ordenanzas municipales se aplican de forma distinta según la acera, lo que puede resultar en diferencias significativas en los impuestos a viviendas idénticas. Durante la desescalada de la pandemia en 2020, la aldea demostró una capacidad de gestión local notable al coordinar la aplicación de las fases sanitarias, evitando la infracción de la movilidad restringida entre provincias. Este caso, similar al de la calle de las Dos Provincias en Cataluña, ilustra las complejidades que surgen cuando la geografía física no coincide con la organización administrativa del territorio.
Noticias agregadas con IA