El Gobierno interino de Delcy Rodríguez se dispone a reconocer una deuda cercana a los 240.000 millones de dólares, una cifra muy superior a las estimaciones del mercado, que oscilaban entre 150.000 y 200.000 millones. La operación, que sería la mayor reestructuración de deuda de la historia —por encima incluso de la suspensión de pagos de Grecia en 2012—, busca un acuerdo con los acreedores antes de fin de año y el regreso de Venezuela a los mercados internacionales, de los que lleva casi una década fuera.
El plan de viabilidad, elaborado por el banco estadounidense Centerview Partners como asesor, se publicará a principios de julio. Previamente, este mes, Caracas presentará un marco macroeconómico que retrata una economía reducida a unos 100.000 millones de dólares, frente a los 370.000 millones de 2012, último año de Hugo Chávez en el poder. Las primeras estimaciones oficiales sitúan los ingresos petroleros del primer trimestre en 5.500 millones de dólares, una mejora modesta respecto al final del mandato de Maduro, pero todavía lejos de los niveles previos a las sanciones.
El núcleo mejor documentado de la deuda lo componen bonos del Estado y de PDVSA por unos 60.000 millones de dólares, a los que se suman 40.000 millones en intereses acumulados desde la suspensión de pagos. A esa cifra se añaden las deudas con petroleras y proveedores, las indemnizaciones por expropiaciones decretadas durante el chavismo y los préstamos pendientes de China y Rusia.
Una de las principales alarmas es que, a diferencia de otras reestructuraciones de gran calado, el análisis de sostenibilidad de la deuda no llevará la firma del Fondo Monetario Internacional, lo que preocupa a la oposición venezolana por el riesgo de dejar al país en una posición aún más frágil frente a sus acreedores. El FMI, que reanudó contactos técnicos con Caracas en abril tras siete años de congelamiento, ha precisado que no participa en el proceso. La mayoría de los inversores son escépticos sobre un acuerdo en 2026 y sitúan el horizonte real en 2027.