En 1946, la Secretaría de Marina de Argentina liberó 20 castores en el río Claro, Tierra del Fuego, con el objetivo de enriquecer la fauna local. Aunque la industria peletera nunca se materializó, estos animales colonizaron rápidamente el archipiélago y la frontera chilena, generando una de las mayores alteraciones paisajísticas desde la última glaciación. Estudios recientes estiman que existen más de 100.000 ejemplares en la región, lo que ha provocado una descontrolada expansión que destruye bosques subantárticos. Esta falta de depredadores naturales ha convertido a los castores en un vector de deforestación masiva, con pérdidas económicas estimadas en 66,6 millones de dólares anuales en Argentina y más de 260 millones en los próximos 20 años en Chile. A pesar de que la erradicación técnica es posible, con un coste estimado de 15 millones de dólares en 15 años, el plan de control sigue sin financiación ni apoyo político en 2025. El caso ilustra la gravedad de los retrasos en la gestión de especies invasoras, donde la inacción prolongada agrava los daños ecológicos y económicos.
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