La Guardia Civil, Europol y la Gendarmería francesa han detenido a cuatro personas por introducir en Cataluña al menos 46.000 toneladas de residuos franceses de forma ilegal. La trama se valía de una argucia documental: los camiones declaraban ante las aduanas que transportaban "tierra", una categoría que no activa controles ni pagos de canon. De ese modo, la basura cruzaba la frontera con la documentación aparentemente en regla y acababa enterrada en campos de frutales en municipios como Sant Esteve Sesrovires.
Este ayuntamiento abrió expediente, informó a la Fiscalía y propuso una multa de 814.900 euros por vertidos de tierras y abatimiento de árboles, lo que destapó la operación. El caso evidencia un patrón: en marzo una macrooperación europea detuvo a 337 personas por tráfico de residuos; en abril se localizaron 167.000 toneladas de escombros y amianto en la Axarquía; ahora, esta nueva red.
La legislación española exige para el delito medioambiental "perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales", un umbral que la normativa europea obliga a rebajar y que España aún no ha modificado. Por ello, los procesados se enfrentan previsiblemente a cargos por falsedad documental, delito fiscal y blanqueo, no tanto por el daño ambiental, en una dinámica que el reportaje describe como propia de un sistema basado en la autodeclaración responsable.