Gabrielle Boyle, responsable de participación de la AFL en el norte de Nueva Gales del Sur, dimitió el 26 de junio tras no obtener permiso para mantener Microsoft Copilot fuera de su portátil. La ejecutiva de RR. HH. Ciara Gilchrist le había comunicado por escrito el 23 de junio que no tenía derecho a solicitar que su trabajo quedara fuera del alcance de los sistemas de IA de la liga. Copilot se activó en toda la organización tres días después, el 29 de junio.
Boyle se autodefine como "AI refuser": no utiliza ChatGPT, Copilot ni ningún otro modelo de lenguaje, carece de smartphone, ha borrado sus redes sociales y vive en una furgoneta Toyota. Sus objeciones abarcan el consumo de agua y energía de los centros de datos, el efecto sobre la capacidad de pensar y los riesgos de extinción.
La negativa de la AFL a ofrecerle una salida no es ilegal: en Australia los empleadores pueden instalar software en sus equipos y están exentos de la ley de privacidad respecto a los registros de empleados. Una encuesta interna de 2024 reveló que el 35 % del personal no se sentía cómodo con la IA. En un sondeo reciente entre afiliados del Australian Services Union, más de la mitad desconocía que su empleador tuviera política de IA.
El asistente del secretario general de la ACTU, Joseph Mitchell, recordó la obligación de consulta bajo la ley laboral cuando la IA pueda modificar puestos o tareas, aunque recordó que esa obligación no concede derecho de veto. La secretaria nacional del ASU, Emeline Gaske, advirtió de que estos casos seguirán en un terreno gris hasta que se reforme la legislación. Boyle acudió a su sindicato, a la Fair Work Commission y a LawAccess NSW, que declinaron intervenir.