En septiembre de 2024, los nuevos trenes eléctricos de Caltrain comenzaron a operar en la península de San Francisco, pero llegaron con tres años de retraso y un sobrecoste de 400 millones de dólares. La causa principal fue una demanda presentada en febrero de 2015 por la ciudad de Atherton, una localidad de menos de 7.500 habitantes con un precio medio de vivienda de 8 millones de dólares. Atherton alegó, bajo la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA), que la electrificación debía revisarse junto con el proyecto de tren de alta velocidad, un argumento procesal que el tribunal desestimó por completo en septiembre de 2016. Sin embargo, el litigio paralizó la obtención de una subvención federal de 647 millones de dólares hasta que la administración Trump la retuvo durante meses. El retraso incrementó los costes de materiales y mano de obra, y añadió pagos directos a contratistas por valor de 20 millones. Atherton gastó apenas 145.000 dólares en el pleito. El caso ilustra cómo un grupo pequeño y acaudalado puede bloquear infraestructuras públicas mediante tácticas procesales. Como respuesta, California aprobó en 2024 la ley AB 2503, que exime de las revisiones CEQA a los proyectos de electrificación ferroviaria en vías existentes.
Una demanda de Atherton costó 400 millones y tres años al proyecto Caltrain
