Canadá firmó en julio, sin consulta pública y en pleno verano, la Convención de la ONU contra el Ciberdelito, un tratado impulsado inicialmente por Rusia en 2017 para sustituir al Convenio de Budapest y adoptado por consenso en diciembre de 2024. El Ejecutivo, encabezado por la ministra Anita Anand, lo presentó como un instrumento de protección infantil con salvaguardas de derechos humanos, pero omitió que se trata ante todo de un acuerdo de vigilancia transfronteriza y de intercambio de pruebas electrónicas.
El artículo de Michael Geist, catedrático de Derecho en la Universidad de Ottawa, recuerda que Canadá se opuso en 2019 a abrir la negociación y no asistió a la ceremonia de firma de Hanói en octubre de 2024, a la que sí acudieron Rusia, China, Irán, Corea del Norte, Bielorrusia, Cuba y Venezuela, junto a Reino Unido, Australia, Francia, Alemania y la Unión Europea. Nueve meses después, Ottawa firmó el texto sin explicar qué había cambiado.
Los riesgos señalados por la Electronic Frontier Foundation, Human Rights Watch y una quincena de organizaciones canadienses, entre ellas Amnistía Internacional Canadá, la Criminal Lawyers' Association y el Citizen Lab, son tres: las potestades procedimentales se aplican a cualquier delito sancionable con cuatro o más años de prisión, lo que permite exportar leyes represivas; el convenio obliga a crear capacidades de interceptación en tiempo real sin exigir autorización judicial previa; y permite órdenes de silencio sobre las solicitudes de cooperación. Más de 120 investigadores de seguridad advirtieron además que el texto puede criminalizar la investigación de vulnerabilidades. Geist vincula la firma con la agenda de acceso legítimo y el proyecto de ley C-22, ya que la ratificación exigirá legislación nacional con facultades de obtención de datos similares.