Un tribunal federal de Oregón ha ordenado al Gobierno de Estados Unidos reactivar el proceso de aprobación de nuevos proyectos de energía eólica, paralizado desde agosto de 2025. La resolución considera que las invocaciones de seguridad nacional del Departamento de Defensa (DoD) no le permitían dejar de participar en un trámite contemplado por la ley. En la práctica, la suspensión del proceso había detenido todo el desarrollo eólico terrestre en el país.
La sentencia se enmarca en la estrategia de la Administración de Donald Trump para obstaculizar la expansión de la energía eólica, tanto marina como terrestre. En el ámbito offshore, los tribunales ya han rechazado en varias ocasiones los argumentos sobre interferencia de los aerogeneradores con radares militares, incluso tras examinar el informe clasificado presentado por el Pentágono. Ante esos reveses, el Ejecutivo ha pasado a pagar a las empresas para que renuncien a sus contratos de arrendamiento marino. En paralelo, el DoD dejó de participar en el procedimiento onshore —primero negándose a firmar acuerdos ya negociados, luego a redactarlos y, finalmente, a sentarse a negociar—, lo que provocó la parálisis actual que el juez de Oregón ha decidido revertir.