El Quinto Circuito de Apelaciones de Estados Unidos ha dictado un fallo que cierra la puerta a la posibilidad de que el acceso a agua potable limpia sea considerado un derecho constitucional federal. En una decisión emitida el 4 de septiembre, el tribunal confirmó la desestimación de una demanda presentada en 2022 por residentes de Jackson, Misisipi, quienes alegaban que la ciudad les había permitido deliberadamente beber agua contaminada con plomo, violando así su derecho a la integridad corporal protegido por la Cláusula de Debido Proceso de la Decimocuarta Enmienda.
El juez Kurt Engelhardt, nombrado por el presidente Donald Trump, fue el autor de la opinión mayoritaria. En su veredicto, Engelhardt reconoció que la privación de agua limpia era una situación "lamentable", pero argumentó que no infringe ningún derecho constitucional "profundamente arraigado". El magistrado señaló que la exposición al plomo es "completamente diferente" a las infracciones históricas del derecho a la integridad corporal, como las cirugías forzadas o los asaltos. Además, el tribunal determinó que no existe un derecho constitucional a recibir "información veraz de los funcionarios durante una crisis de salud pública". Engelhardt sugirió que los residentes deben buscar otras vías de reparación, como elegir mejores representantes o presentar peticiones al gobierno, en lugar de recurrir a la Constitución para este tipo de agravios.
El caso tiene un trasfondo de negligencia crónica y desigualdad racial. Jackson es una ciudad con más del 80% de población negra y una tasa de pobreza más del doble del promedio nacional. Según informes de Grist y la Agencia de Protección Ambiental (EPA), los funcionarios de salud del estado detectaron niveles elevados de plomo en 2015, pero permanecieron en silencio durante seis meses mientras los residentes continuaban consumiendo agua tóxica. En 2020, la EPA encontró "violaciones persistentes y preocupantes" de las políticas de seguridad del agua, incluyendo fugas y corrosión. La demandante, Priscilla Sterling, ha visto cómo varios de sus hijos fueron diagnosticados con envenenamiento por plomo, una condición que puede causar daños cerebrales permanentes. Un cuarto de los residentes de Jackson son niños, un grupo especialmente vulnerable a los efectos a largo plazo de la toxicidad.
Aunque el fallo federal cierra esta vía legal, existe una contradicción notable con el panorama estatal y global. Según Mother Jones, al menos nueve estados de EE UU, incluyendo Nueva York y Massachusetts, protegen constitucionalmente el derecho al agua limpia. Por ejemplo, la constitución de Nueva York establece que "cada persona tendrá derecho a aire y agua limpios", y Massachusetts ha protegido este derecho desde 1972. A nivel internacional, países como Uruguay y Sudáfrica han consagrado el derecho al agua limpia en sus constituciones. Sin embargo, la constitución de EE UU, según el Quinto Circuito, es demasiado restrictiva para albergar esta reclamación.
Este fallo llega en un momento crítico para las regulaciones ambientales en Estados Unidos. La administración Trump está moviéndose para debilitar las protecciones relacionadas con el agua limpia. El mismo día que se emitió la sentencia, la EPA de Trump publicó una regla complementaria para diluir aún más la Ley de Agua Limpia (Clean Water Act), una medida condenada rápidamente por grupos de vigilancia ambiental. Jim Murphy, de la Federación Nacional de Vida Silvestre, criticó la administración por intentar crear reglas que satisfagan a los donantes mientras se esfuerzan por mantenerse en pie ante los tribunales, advirtiendo que el costo de un agua más sucia y un aumento de las inundaciones recaerá sobre los hogares de los estadounidenses que viven de nómina en nómina.
En conclusión, el estado actual deja a los residentes de comunidades vulnerables como Jackson sin una salvaguarda constitucional federal para reclamar agua segura. El fallo refuerza la postura de que la Constitución no ofrece reparación para cada mal gobierno, limitando las opciones legales de los afectados a mecanismos políticos o estatales. Se espera que este precedente influya en futuros litigios ambientales, mientras que la administración federal continúa con su agenda de desregulación, generando incertidumbre sobre la protección de los recursos hídricos en el país.