Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos rechazó este viernes la demanda de residentes de Jackson, Misisipi, que alegaban que el acceso a agua potable limpia contaminada con plomo constituía un derecho constitucional vulnerado por las autoridades municipales. La decisión del Quinto Circuito de Apelaciones, considerada un revés significativo para los demandantes, reaviva el debate sobre la protección jurídica del agua limpia en un país donde la crisis de infraestructura hídrica afecta desproporcionadamente a comunidades de bajos ingresos y minorías raciales.
El caso, conocido como Sterling contra la Ciudad de Jackson, fue presentado en 2022 por cuatro residentes —Priscilla Sterling, Raine Becker, Shawn Miller y John Bennett— quienes argumentaron que la contaminación con plomo violaba su derecho a la integridad corporal bajo la Cláusula del Debido Proceso de la Decimocuarta Enmienda. Según la demanda, el gobierno municipal no solo permitió que el agua se contaminara, sino que además ocultó información durante meses y emitió avisos de hervir el agua que, paradójicamente, concentran los niveles de plomo. Varios hijos de la demandante principal han sido diagnosticados con envenenamiento por plomo, una condición que puede causar daño cerebral permanente, especialmente en niños, que representan una cuarta parte de la población de Jackson.
El juez Kurt Engelhardt, nombrado por el expresidente Donald Trump, fue el encargado de redactar la opinión mayoritaria. En su fallo, escribió que "la Constitución no ofrece reparación para cada acción gubernamental indebida" y que la privación de agua limpia, aunque "dolorosa", no infringe "ningún derecho constitucional profundamente arraigado". Engelhardt también concluyó que no existe un derecho constitucional a "recibir información veraz de funcionarios durante una crisis de salud pública", añadiendo que los residentes deberían buscar soluciones a través de las urnas o mediante peticiones al gobierno.
La decisión contrasta con la realidad de otras jurisdicciones dentro y fuera de Estados Unidos. Al menos nueve estados del país, entre ellos Nueva York, Massachusetts, California y Virginia, han incorporado el derecho al agua limpia en sus constituciones estatales. Massachusetts lo hizo en 1972, y Nueva York mediante una enmienda de 2021 que garantiza "el derecho de cada persona a un aire y agua limpios, y a un ambiente saludable". A nivel internacional, países como Uruguay y Sudáfrica también han consagrado este derecho en sus textos fundamentales.
La crisis de Jackson no es nueva. Pruebas realizadas por el Departamento de Salud del estado entre 2010 y 2013 ya mostraban niveles crecientes de plomo en el agua, y en 2015 se confirmaron niveles elevados. Sin embargo, las autoridades estatales guardaron silencio durante seis meses, según reportó el medio Grist. En 2020, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) encontró "violaciones persistentes y preocupantes" de las normas de seguridad hídrica, incluyendo fugas, corrosión y altos niveles de plomo, pero ninguna agencia municipal, estatal o federal corrigió el problema de manera efectiva. Jackson, una ciudad con más del 80 por ciento de población afroamericana y una tasa de pobreza que duplica el promedio nacional, ha sufrido durante años un déficit crónico de inversión en su sistema de agua.
La sentencia coincide con un giro político preocupante para los defensores del medio ambiente. Apenas horas después del fallo, la administración Trump publicó una regla complementaria que diluye aún más las protecciones de la Ley de Agua Limpia, una medida duramente criticada por organizaciones ambientalistas. Jim Murphy, de la Federación Nacional de Vida Silvestre, advirtió que el gobierno "lucha por redactar una norma que resista en los tribunales mientras satisface el deseo de sus donantes de eliminar efectivamente estas protecciones", y alertó sobre el costo que tendrá para los hogares estadounidenses un agua más contaminada.
Mientras los demandantes evalúan sus opciones legales —que podrían incluir una apelación ante el Supremo—, el caso de Jackson se perfila como un símbolo de las desigualdades ambientales en Estados Unidos y de los límites del marco constitucional federal para proteger derechos básicos en un contexto de crisis climática y deterioro de infraestructuras.