Un tribunal regional de Múnich ha dictado una sentencia histórica que responsabiliza directamente a Google por el contenido falso generado en sus resúmenes de inteligencia artificial (AI Overviews), al considerarlos como contenido propio de la compañía y no como simples resultados de búsqueda. La resolución, emitida el pasado mayo en el caso 26 O 869/26, podría tener repercusiones internacionales y supone un golpe significativo a la estrategia legal que Google había empleado hasta ahora para eludir responsabilidades.
El origen del litigio se remonta a las quejas de dos editoriales muniquesas que fueron vinculadas erróneamente por los resúmenes de IA de Google con estafas, trampas de suscripción y prácticas empresariales dudosas. Según el tribunal, la IA confundió información de otras empresas —verdaderamente sospechosas— con la de las demandantes, estableciendo conexiones que no aparecían en ninguna de las fuentes enlazadas. Tras enviar una carta de cese y desistimiento, Google no respondió de forma adecuada, lo que motivó la demanda.
El núcleo de la decisión judicial radica en distinguir los AI Overviews de los resultados de búsqueda tradicionales. El Tribunal Regional de Múnich argumentó que la IA de Google reescribe y evalúa la información "con sus propias palabras y según su propia estructura", generando afirmaciones nuevas e independientes que no se limitan a remitir a contenido de terceros. Como señaló la sentencia, la IA abría sus respuestas con declaraciones tajantes como "Sí, [empresa] es conocida por prácticas empresariales dudosas", para después construir su propio relato. "Dado que Google creó la IA y Google la ofreció a los usuarios, Google es responsable de lo que produce, porque solo ella tiene influencia sobre la oferta de la IA y los algoritmos con los que opera", resolvió el tribunal.
La sentencia también descarta la aplicación de la jurisprudencia previa del Tribunal Federal de Justicia alemán (BGH), que limitaba la responsabilidad de los motores de búsqueda al considerarlos intermediarios que simplemente hacen accesible contenido de terceros. El tribunal muniqués consideró que esa lógica no es válida para los resúmenes de IA, ya que estos generan "declaraciones independientes, nuevas y sustanciales" y solo Google puede verificarlas, "al menos comparando los sitios web de terceros subyacentes con sus propias declaraciones". Además, los AI Overviews no son "en absoluto absolutamente necesarios" para utilizar internet, pues los resultados de búsqueda tradicionales siguen disponibles.
Otro aspecto especialmente relevante es el rechazo del argumento esgrimido por Google durante la audiencia, según el cual los usuarios pueden verificar por sí mismos la información consultando las fuentes enlazadas, ya que en general saben "que la información generada con IA no debe confiarse a ciegas". El tribunal respondió que la posibilidad de desmentir una afirmación mediante investigación adicional no exime regularmente de responsabilidad. Además, distintos estudios han demostrado que los usuarios casi nunca hacen clic en las fuentes de los resúmenes de IA, lo que refuerza la postura del tribunal. La sentencia estableció un paralelismo con la legislación de prensa, donde los editores son responsables de los adelantos entendibles por sí mismos, incluso si los lectores nunca acceden al artículo completo.
En el ámbito de la libertad de expresión, la corte fue especialmente dura: consideró que la opinión de una IA "no es la expresión de una convicción adquirida de las personas que la expresan, sino el resultado de un algoritmo". Ofrecer investigación impulsada por IA es, sobre todo, una expresión de las actividades comerciales de Google y "a lo sumo una expresión secundaria de un interés en poder expresar libremente las propias opiniones y creencias". Al ponderar los derechos de privacidad de los demandantes frente a los intereses de Google, la balanza se inclinó claramente hacia los primeros, especialmente porque las declaraciones impugnadas se basaban en hechos no verídicos, según affidavits jurados.
En cuanto al fallo concreto, el tribunal prohibió a Google difundir afirmaciones sobre estafas, conexiones con empresas dudosas, trampas de suscripción, llamadas telefónicas inexistentes y falta de disponibilidad. Solo dos peticiones menores fueron denegadas. Google deberá asumir el 80% de las costas legales, mientras que cada demandante pagará el 10%. El tribunal advirtió que, aunque los textos específicos ya no se muestran, el riesgo de reincidencia persiste, dado que Google no emitió una declaración de cese y desistimiento con cláusula penal y nada impide que los algoritmos generen las mismas afirmaciones en el futuro.
Aunque la fuente consultada (The Decoder) queda truncada al mencionar un análisis de la startup Oumi para The New York Times sobre la tasa de acierto de los AI Overviews, el contexto sugiere que, incluso con altos niveles de precisión —alrededor del 91%—, el volumen de consultas atendidas por Google multiplica los errores hasta alcanzar cifras de millones de respuestas incorrectas. Esta sentencia abre un nuevo escenario legal para los gigantes tecnológicos y señala que las herramientas de IA generativa, cuando se presentan al usuario como contenido cerrado y autoritativo, pueden acarrear responsabilidades equiparables a las de cualquier editor tradicional. La resolución allana el camino para que más afectados en distintos países reclamen por daños similares, en un debate que apenas comienza.