Mun Jong-gi, un ciudadano surcoreano de 72 años, fue detenido el 26 de agosto de 2026 en Yaizu, una ciudad costera al suroeste de Tokio, tras permanecer en Japón durante casi 33 años con una autorización de estancia que expiró a los 15 días de su llegada en septiembre de 1993. La Policía de la Prefectura de Shizuoka abrió la investigación en junio de 2026 a partir de una información anónima que alertaba sobre una persona residente ilegalmente en el país. Durante el interrogatorio, Mun reconoció los hechos y explicó que había sobrevivido encadenando trabajos ocasionales, atraído por salarios más altos que los disponibles en Corea del Sur.
El caso presenta una peculiaridad jurídica clave: la permanencia irregular no fue castigada penalmente en Japón hasta la entrada en vigor de una reforma legislativa en febrero de 2000. Por ello, aunque Mun permaneció sin documentación cerca de 33 años, el periodo objeto de la acusación abarca aproximadamente los últimos 26.
La historia arrancó en 1993, cuando Japón registraba 298.646 extranjeros con estancia caducada, cifra récord y más de cuatro veces superior a los 68.488 contabilizados en enero de 2026. La investigación continúa abierta y no se ha dictado sentencia ni decidido una posible deportación a Corea del Sur.