La Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. (FCC) aprobó el 30 de abril de 2026 una propuesta para imponer requisitos de Conozca a su Cliente (KYC) a todos los proveedores de servicios de voz. La medida obligaría a verificar la identidad de los usuarios, incluidos nombre, dirección, identificación oficial y números de teléfono alternativos, antes de activar o renovar el servicio. Los críticos, como el analista de la ACLU Jay Stanley y el activista por la privacidad Jameson Lopp, advierten que el régimen destruiría los teléfonos desechables ('burner phones'), esenciales para periodistas, víctimas de violencia doméstica y denunciantes. La FCC también plantea conservar los datos durante cuatro años tras la baja del servicio y aplicar multas de 2.500 dólares por llamada por incumplimiento. Lopp argumenta que el KYC no detiene a delincuentes determinados, pero expone a usuarios inocentes a filtraciones, abuso policial y desvío de la misión original. La propuesta, aún abierta a comentarios, ha encendido el debate entre la lucha contra las llamadas automáticas ilegales y la protección de la privacidad.
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