Un juez federal de California declaró ilegal la lista negra que el Pentágono impuso contra Anthropic a principios de 2026, en una sentencia que califica la medida como "represalia ilegal" contra la Primera Enmienda y considera que el Departamento de Defensa actuó de forma "arbitraria y caprichosa". La decisión representa una victoria resonante para el laboratorio de inteligencia artificial en su pulso con la Administración Trump, aunque el conflicto con otras agencias federales aún no ha terminado.
La jueza Rita F. Lin, magistrada del distrito norte de California, fue clara en su fallo del jueves: "La invocación vacía de la seguridad nacional no es un cheque en blanco para castigar y tomar represalias contra los críticos del gobierno". En su resolución (caso 3:26-cv-01996-RFL), la jueza concluyó que la decisión del secretario de Defensa, Pete Hegseth, de designar a Anthropic como un "riesgo de la cadena de suministro" —una categoría normalmente reservada para amenazas a la seguridad nacional— constituyó una represalia inconstitucional por el ejercicio de la libertad de expresión de la compañía.
El conflicto se remonta al invierno pasado, cuando el Pentágono decidió renegociar los contratos con todos los laboratorios de inteligencia artificial para permitir el uso militar "para cualquier uso legal", una expansión significativa de la autoridad del Departamento de Defensa. Mientras que la mayoría de los competidores de Anthropic —entre ellos Google, Microsoft, OpenAI y SpaceX— terminaron aceptando las nuevas términos, Anthropic se mantuvo firme en dos líneas rojas: vetar el uso de su tecnología para la vigilancia masiva de estadounidenses y para armas autónomas letales, es decir, sistemas de inteligencia artificial con capacidad para matar objetivos sin supervisión humana.
La negativa de Anthropic desencadenó una escalada de presiones, intercambios airados y, finalmente, un ultimátum de la Administración Trump. Menos de 24 horas antes de que expirara, el consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei, emitió un comunicado en el que reafirmaba la postura de la empresa: "Nunca hemos planteado objeciones a operaciones militares particulares ni hemos intentado limitar el uso de nuestra tecnología de forma ad hoc", pero señaló que "en un conjunto reducido de casos, creemos que la IA puede socavar, en lugar de defender, los valores democráticos".
Como respuesta, el Pentágono designó a Anthropic como riesgo de cadena de suministro y procedió a sustituir su presencia en el Departamento de Defensa mediante acuerdos con otros siete laboratorios de inteligencia artificial. Anthropic respondió con una demanda presentada en marzo, en la que acusó a la Administración de represalia ilegal y de utilizar "su enorme poder" para castigar a una empresa por el ejercicio de su libertad de expresión protegida. La propia jueza Lin ya le había dado la razón en marzo con una orden cautelar, señalando que los registros del Departamento de Defensa mostraban que la designación se debió al "tono hostil a través de la prensa" de Anthropic, lo que calificó de "represalia ilegal clásica de la Primera Enmienda".
En esta segunda sentencia, la magistrada criticó con dureza la debilidad de la justificación ofrecida por el Pentágono: apenas un memorando de cuatro páginas para sustentar una sanción de gran alcance. Además, señaló que el ministerio abandonó por completo la acusación de que Anthropic contaba con puertas traseras a la tecnología militar, tras reconocer que la compañía "indudablemente" no dispone de ese acceso.
La portavoz de Anthropic, Danielle Ghiglieri, celebró el fallo: "Acogemos con satisfacción la decisión del tribunal de que esta designación como riesgo de la cadena de suministro fue ilegal. Seguimos centrados en trabajar de forma productiva con el gobierno para aprovechar la inteligencia artificial en favor de nuestra seguridad nacional". Hasta el momento, el Pentágono no ha comentado públicamente esta derrota jurídica.
El fallo tiene implicaciones que van más allá del caso concreto. Aunque la sentencia se refiere exclusivamente a la acción del Departamento de Defensa, Anthropic mantiene otro procedimiento judicial contra posibles sanciones por parte de otras agencias de la Administración estadounidense, cuyo desenlace aún está pendiente. El episodio también plantea preguntas de fondo sobre los límites del poder ejecutivo en la contratación con empresas tecnológicas y sobre el peso de los compromisos éticos adoptados por los desarrolladores de inteligencia artificial en el uso militar.
Por ahora, Anthropic sale fortalecida del enfrentamiento judicial, con una sentencia firme que invalida la represalia y reitera que la seguridad nacional no puede invocarse para silenciar a los críticos del gobierno. Queda por ver si el Pentágono apelará la decisión y cómo evolucionará el frente paralelo en otras instancias de la Administración federal.