Un juez federal estadounidense ha ordenado la suspensión cautelar de una política de visados del Gobierno de Donald Trump que podía usarse para retirar la residencia permanente y deportar a investigadores no nacionales dedicados a la desinformación, la verificación de datos, la moderación de contenidos, el cumplimiento normativo y la confianza y seguridad en línea. El juez de distrito James Boasberg concedió el martes la medida, solicitada por la Coalition for Independent Technology Research (CITR), hasta que se resuelva la demanda contra el Departamento de Estado.
La política, según Boasberg, no imponía de forma explícita denegaciones de visado o deportaciones, pero habilitaba investigaciones migratorias contra personas sospechosas de colaborar con adversarios extranjeros para manipular la opinión pública mediante la restricción del discurso en Estados Unidos. En el proceso, el Departamento de Estado no logró demostrar que ninguno de los cinco investigadores señalados tuviera vínculos con un poder extranjero para censurar a estadounidenses.
El juez advirtió de que la política podría extenderse y carecía de un límite claro más allá del propio campo de la moderación de contenidos. Subrayó que residentes permanentes, investigadores no nacionales que defienden etiquetas más estrictas contra la desinformación o empleados de cumplimiento normativo podían entender razonablemente que su estatus migratorio estaba en riesgo por el simple hecho de trabajar en moderación. Boasberg consideró que la medida inclinaba la balanza del debate público sobre la moderación contra quienes defienden más intervención, en línea con la postura de Trump, frente a quienes piden menos.