Carl Gunn, vecino de 77 años del barrio Coquina Key en San Petersburgo (Florida), protagoniza desde julio de 2026 una protesta individual frente a las cámaras de videovigilancia de la empresa Flock, instaladas en postes negros de casi cuatro metros de altura. Preocupado por la privacidad, Gunn clava un cartel con el lema «DOWN WITH FLOCK CAMERAS» en el mango de su recogehojas de piscina y se sienta en una silla de camping delante del dispositivo. Conductores le muestran su apoyo con bocinazos y refrigerios, y un desconocido le acerca una sombrilla.
Flock Safety, fundada en 2017, opera una red privada de cámaras con lectura automática de matrículas y reconocimiento de vehículos mediante inteligencia artificial, conectada a una base de datos consultable por policías de todo el país. La compañía superó los 300 millones de dólares de ingresos recurrentes anuales a principios de 2025, un 70 % más que el año anterior. En San Petersburgo hay alrededor de 50 dispositivos, incluido uno en la entrada del St. Pete Pier, otro junto a un parque infantil y nueve en un complejo comercial con Lowe’s y Home Depot. La policía local asegura que ayudan a resolver delitos, mientras que organizaciones como la ACLU y legisladores bipartidistas advierten de que se trata de una herramienta de vigilancia masiva sin precedentes.
Gunn eligió la vía legal y no destructiva —«no son dueños del aire», afirma— y rechaza las tácticas vandálicas que otros ciudadanos han empleado contra estos dispositivos. Su protesta ha reavivado el debate nacional sobre la constitucionalidad de esta tecnología y sus posibles usos para vigilar a inmigrantes o acosar a exparejas.