Diez australianos han presentado una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en la que acusan al Gobierno de violar sus derechos fundamentales al seguir aprobando y subvencionando las exportaciones de carbón y gas. Los demandantes, entre ellos un ecólogo y bombero voluntario, un hombre con discapacidad visual y una académica indígena, sostienen que la continuidad de los combustibles fósiles agrava los fenómenos meteorológicos extremos que ya han afectado a sus vidas: los incendios de Black Saturday de 2009 en Victoria, los incendios del Black Summer de 2019 en Queensland, las inundaciones de Brisbane de 2022 y las crecidas del río Fitzroy en Kimberley, que han desplazado a comunidades originarias y amenazan la transmisión intergeneracional de su conocimiento cultural.
Se trata de la primera demanda de este tipo elevada a un organismo internacional desde la sentencia de julio de 2025 de la Corte Internacional de Justicia, que reconoció que los países pueden ser demandados por sus emisiones históricas de gases de efecto invernadero. Australia es uno de los mayores exportadores mundiales de carbón y gas, y la abogada Hannah White, de Environmental Justice Australia, argumentó que «el daño climático causado por el carbón y el gas australianos no se detiene en una frontera, como tampoco lo hace la responsabilidad de Australia». Aunque las resoluciones de la ONU no son jurídicamente vinculantes, se espera que Canberra responda a la comunicación. El Ministerio de Medio Ambiente, encabezado por Murray Watt, no había hecho declaraciones al cierre de la información.