Dean Ball, nuevo responsable de futuros estratégicos en OpenAI, ha defendido en artículos previos que los laboratorios que desarrollan IA de frontera podrían convertirse en un "contrapeso al Gobierno", una idea que la industria tecnológica empieza a plantear abiertamente. La tesis sostiene que la relación habitual entre un regulador y una empresa —ordenar y obedecer— resulta ingenua cuando el sistema que se intenta regular es, a la vez, infraestructura crítica: hospitales, universidades, agencias de inteligencia y operadores de servicios esenciales podrían depender de un mismo modelo avanzado.
El texto repasa precedentes como el control que ejercen Apple sobre su ecosistema, Cloudflare sobre la accesibilidad de internet o Google sobre la información, y advierte de que la IA generaliza esa dependencia al afectar al trabajo cognitivo en su conjunto. Ball matiza que capacidades futuras extremadamente peligrosas, como las vinculadas a armas biológicas o ciberataques avanzados, podrían exigir una intervención estatal más fuerte, por lo que la cuestión no es tanto si el sector privado debe reemplazar a los gobiernos como dónde debe situarse la nueva frontera entre poder público y privado.
El artículo señala un vacío institucional: si los proveedores de IA asumen funciones شبهestatales, ¿qué mecanismos de control democrático les corresponden? Propone debates sobre requisitos de continuidad, auditorías independientes, interoperabilidad y acceso de emergencia, y recuerda que los bancos, las eléctricas y las telecos ya soportan obligaciones especiales por su carácter indispensable.