La jueza del Tribunal de Instancia de Cangas de Morrazo ha citado a declarar como investigado a Antón Iglesias, actual concejal de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente y militante del BNG, por su presunta relación con la gestión del rescate de 197.847,17 euros que el ayuntamiento pagó en mayo de 2023 tras sufrir un ciberataque de ransomware. Lo singular del caso es que Iglesias no era concejal en el momento de los hechos y no firmó el contrato de urgencia: lo hizo la entonces alcaldesa recién nombrada, Araceli Gestido, que de momento no ha sido llamada a declarar.
El ataque, perpetrado en la madrugada del 18 de mayo de 2023 con la variante LockBit 3.0, se introdujo mediante un correo de phishing abierto por un funcionario. El cifrado bloqueó más de la mitad de los equipos, afectando a contabilidad, nóminas y facturas. El Concello contrató a la empresa EVELB Técnicas y Sistemas S.L. para un estudio forense inicial por 5.279 euros, que no dio resultado, y luego volvió a contratarla para negociar y pagar el rescate en bitcoin, abonando 197.847,17 euros.
La Fiscalía de Pontevedra remitió el caso al juzgado a finales de 2024 por indicios de prevaricación, malversación, daños informáticos y coacciones, al considerar que ambos contratos se adjudicaron sin concurso público y a la misma firma que ya había fracasado. El BNG ha respaldado públicamente a Iglesias y defiende que el gobierno actuó con arreglo a la legalidad.