Más de un centenar de organizaciones humanitarias y de derechos humanos han denunciado que el alto el fuego impuesto en Gaza por la Administración de Donald Trump existe únicamente sobre el papel, ya que las fuerzas israelíes continúan matando e hiriendo a la población palestina a diario. Según los datos de estas ONG, desde octubre de 2025, los ataques y operaciones militares han causado la muerte de más de 1.400 personas, incluyendo al menos 324 niños y niñas. Inger Ashing, directora ejecutiva de Save the Children, señaló que las familias permanecen atrapadas en un ciclo devastador de privaciones, incapaces de recuperarse, y advirtió que los Gobiernos que respaldaron el acuerdo deben ejercer su influencia para detener las muertes y garantizar el acceso a alimentos, salud, refugio y educación.
La situación humanitaria se agrava por las restricciones israelíes a la entrada de equipos y materiales de reconstrucción, lo que impide la recuperación de las comunidades. Cerca de dos millones de personas viven en tiendas de campaña, refugios improvisados o casas dañadas, enfrentando un nuevo invierno. Jan Egeland, secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), calificó la falta de mejora en la situación como "absolutamente vergonzosa". Los 36 hospitales de Gaza no funcionan a pleno rendimiento debido a la escasez de medicamentos y combustible. Más de 18.500 pacientes, incluidos 4.000 niños, necesitan evacuación médica, y más de 1.000 han fallecido mientras esperaban. Aunque el paso fronterizo de Rafah se abrió en febrero, la mayoría de los gazatíes no han podido salir de la Franja. El Gobierno de Benjamín Netanyahu sigue vetando la entrada de la mayor parte de los bienes necesarios para la reconstrucción, dejando a más de 10.000 personas sepultadas bajo edificios bombardeados y a 1,4 millones de personas con niveles de hambre elevados.