Un año después de la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), un análisis retrospectivo de Donald Moynihan en su boletín Substack evalúa el alcance de los daños causados por la iniciativa de Elon Musk dentro de la administración Trump. DOGE se presenta como una operación de captura del Estado orquestada por una oligarquía tecnológica de Silicon Valley opuesta a la regulación federal.
El artículo documenta las consecuencias humanas de la política de recortes: cientos de miles de personas habrían muerto tras el desmantelamiento de USAID, mientras que personal sin experiencia en servicios públicos fue colocado al frente de agencias sensibles, incluyendo temporalmente a los responsables del arsenal nuclear estadounidense. Los argumentos iniciales sobre fraude masivo —desde llamadas fraudulentas a la Seguridad Social hasta supuestos beneficios a personas fallecidas— se desmontaron como infundados, y sirvieron como cobertura retórica para recortar programas sociales.
En el plano regulatorio, la administración Trump revocó las normas de la era Biden sobre criptomonedas e inteligencia artificial, bloqueó la regulación estatal de IA y promovió su adopción en el gobierno con DOGE como impulsor. Trump firmó una orden ejecutiva favorable a las criptomonedas, creó una reserva estratégica de Bitcoin y un fondo de activos digitales, mientras la SEC archivaba la mayoría de los casos de enforcement contra empresas del sector. Donaciones millonarias de líderes tech a fondos republicanos acompañaron el alineamiento político.
En el frente internacional, EE. UU. sancionó a funcionarios europeos involucrados en regulación tecnológica y amenazó con represalias comerciales tras multas a plataformas estadounidenses, en un patrón que el autor compara con una compañía comercial respaldada por coacción estatal.