El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha sancionado con 450 euros a un abogado que presentó un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal con 48 citas de sentencias del Tribunal Supremo y un informe del Consejo General del Poder Judicial que no existían. Las referencias se las sugirió la propia herramienta ChatGPT, no una IA jurídica profesional, y el letrado no contrastó los datos con el Cendoj, la base de jurisprudencia gratuita del poder judicial. La sanción equivale a la mitad de la suscripción a una IA jurídica fiable y tiene carácter simbólico.
El caso se enmarca en una oleada de sanciones similares en todo el mundo. En 2023, el abogado Steven Schwartz fue sancionado en Nueva York con 5.000 dólares por citar resoluciones inventadas; tres letrados en Alabama fueron apartados de un caso por cinco citas falsas, y en España el Tribunal Constitucional ya reprochó la falta del debido respeto a un abogado que usó 19 sentencias inexistentes. En julio de 2026, el TSXG de Galicia impuso 1.800 euros por 24 referencias inventadas.
El fenómeno responde a las altas tasas de alucinación de los modelos de lenguaje. El estudio Large Legal Fictions de Stanford RegLab halló tasas de error del 58 % en GPT-4 y del 88 % en Llama 2 al responder sobre casos reales, mientras que herramientas jurídicas premium como Lexis+ AI y Westlaw AI-Assisted Research fallaron entre el 17 % y el 33 % de las veces. Una guía jurídica de 2026 sigue citando tasas de alucinación del 69 % al 88 % en consultas legales. Investigadores y tribunales atribuyen el problema a un sesgo de automatización que lleva a preferir respuestas plausibles sin verificarlas.