Tubos Reunidos celebró este martes, en segunda convocatoria y en el límite del plazo legal del primer semestre, su junta anual de accionistas, que duró 37 minutos, se celebró por primera vez de forma exclusivamente telemática y sin acceso para los medios de comunicación. La reunión no incluyó preguntas y en ella no se mencionó la investigación judicial por corrupción abierta por el juez Santiago Pedraz en torno al rescate de la compañía ejecutado por la SEPI en 2021, valorado en 112,8 millones de euros. El CEO, Carlos López de las Heras, está imputado junto con su predecesor Francisco Irazusta y el exdirectivo Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia. La causa, iniciada a finales de 2025 por la Fiscalía tras analizar el móvil del empresario Antton Alonso, apunta a que el grupo Hirurok, integrado por Alonso, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero y la socialista Leire Díez, habría intermediado para facilitar la inyección pública a cambio de una comisión estimada en 250.000 euros, abonada a través de la mercantil Mediaciones Martínez y de pagos directos a Fernández Guerrero. La empresa, en concurso de acreedores y con pérdidas de 160 millones en 2025, ha remitido ya el acta a la CNMV, en la que los accionistas aprobaron la gestión del consejo.
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