El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dictado una sentencia que obliga a una pensionista de 77 años a devolver 32.857,20 euros a la Seguridad Social. La mujer, que residía en España, viajó a Marruecos con frecuencia durante cuatro años, acumulando 680 días fuera del territorio nacional. La ley exige que para mantener la pensión no contributiva de invalidez, la residencia legal en España no se interrumpa por ausencias inferiores a 90 días al año. Al superar este límite, la prestación se considera extinta. Además, la sentencia señala que la unidad familiar superó el límite de ingresos anual permitido, con 73.291,08 euros en 2021 frente a los 33.835,2 euros máximos. La Generalitat de Cataluña anuló la prestación con efectos retroactivos desde junio de 2018, y el tribunal rechazó el argumento de la beneficiaria de que la pandemia impidió su regreso a tiempo, recordando que España mantuvo canales de regreso durante la crisis. Este fallo confirma que no es necesario demostrar un cambio formal de residencia, sino que la permanencia excesiva fuera del país es causa de extinción de la pensión.
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