La Administración Trump ha solicitado a un tribunal que se prohíba a los ciudadanos demandar a empresas por violar las leyes ambientales federales, un cambio que buscaría centralizar la aplicación de estas normas únicamente en el Poder Ejecutivo. La petición, presentada por el Departamento de Justicia en un caso que involucra a la empresa xAI de Elon Musk, sostiene que los particulares deberían abandonar cualquier acción legal y dejar la tarea de sancionar a los contaminadores en manos del Gobierno, incluso cuando este decida no actuar.
Desde los años setenta, el Congreso incluyó en legislaciones clave como las Leyes de Aire Limpio, Agua Limpia y Agua Potable Segura cláusulas conocidas como «disposiciones de demandas ciudadanas», que permiten a personas y grupos de defensa del medio ambiente entablar acciones judiciales cuando las agencias federales no lo hacen. Más de 2.000 demandas de este tipo se han registrado desde entonces, y constituyen la mayoría de los casos ambientales en el país, con resultados que incluyen desde la paralización de obras que amenazan especies en peligro hasta la imposición de 14,2 millones de dólares en sanciones civiles a una instalación petroquímica.
El procedimiento exige enviar una notificación formal al infractor y a la Agencia de Protección Ambiental antes de demandar. Si en 60 días el problema persiste, los ciudadanos pueden acudir a los tribunales para exigir el cese de la actividad contaminante, la remediación de los daños y multas que se pagan al Estado.