El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes una orden ejecutiva reducida sobre inteligencia artificial que, tras semanas de idas y venidas, suaviza los mecanismos de supervisión gubernamental que la Casa Blanca había impulsado inicialmente, en lo que constituye una nueva victoria del sector tecnológico en su intento por evitar una regulación federal más estricta.
La directiva, firmada en privado en el Despacho Oval sin la parafernalia habitual del presidente, establece que algunas empresas de inteligencia artificial deberán someter sus modelos más potentes a una revisión gubernamental voluntaria 30 días antes de su lanzamiento al público. El plazo es significativamente menor que los 90 días contemplados en un borrador anterior, que la propia industria había calificado de excesivamente oneroso, según informó POLITICO.
La orden llega tras un tortuoso proceso de elaboración. El 21 de mayo, Trump tenía previsto firmar la versión de 90 días en una ceremonia en el Despacho Oval a la que habían sido invitadas las principales ejecutivos del sector. Sin embargo, el presidente rechazó el borrador a pocas horas del evento, alegando que la medida podría "entorpecer" la competencia de Estados Unidos con China por la supremacía en inteligencia artificial. El exzar de la IA David Sacks, conectado desde el Despacho Oval, fue quien advirtió al presidente de que la orden frenaría la innovación, según fuentes citadas por POLITICO.
El texto definitivo mantiene, no obstante, buena parte del contenido del borrador original, incluyendo la creación de un "centro de intercambio de información sobre ciberseguridad" coordinado por el Departamento del Tesoro en colaboración con desarrolladores de IA y operadores de infraestructuras críticas. También establece un proceso clasificado de evaluación comparativa para determinar qué modelos quedan cubiertos por la política, bajo la supervisión del director de la Agencia de Seguridad Nacional.
La orden ha sorprendido a algunos observadores. Dean Ball, antiguo asesor de Trump en materia de IA, escribió en la red social X que le asombraba que el documento fuera "casi exactamente" similar al borrador rechazado, y advirtió que podría sentar las bases para una supervisión federal más gravosa. "¿Qué va a hacer exactamente la comunidad de inteligencia en 30 días para hacer los modelos más seguros?", se preguntó.
El cambio de rumbo se produce en un contexto de creciente alarma por los riesgos que plantea la rápida evolución de la IA, especialmente tras la aparición de modelos como Mythos, desarrollado por Anthropic, que según los investigadores ya ha descubierto vulnerabilidades ocultas en sistemas informáticos de uso generalizado. El director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, había llegado a comparar la posible revisión obligatoria con los controles que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aplica a los productos farmacéuticos, aunque la Casa Blanca descartó rápidamente esa idea.
La indecisión del Ejecutivo ha incrementado la preocupación entre actores del sector y del gobierno. El consejero delegado de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, trasladó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, su inquietud por la lentitud de la respuesta gubernamental y la necesidad de una mayor coordinación con el sector privado, según reportó POLITICO.
La orden también ordena al Pentágono reforzar la seguridad de sus redes en un plazo de 30 días, encomienda al Departamento de Justicia perseguir penalmente a quienes empleen modelos de IA para hackear sistemas informáticos, y contempla directrices para que las agencias federales refuercen la defensa de sus redes frente a las nuevas vulnerabilidades descubiertas.
Con todo, el texto reitera que la administración no pretende establecer un proceso de evaluación obligatorio, al afirmar que "nada de lo dispuesto en esta sección se interpretará como autorización para crear un régimen de licencias, autorización previa o permisos gubernamentales obligatorios".
En definitiva, la orden ejecutiva representa un equilibrio inestable entre las presiones del sector para evitar cargas regulatorias y las advertencias cada vez más urgentes sobre los riesgos de ciberseguridad que plantea la nueva generación de modelos de inteligencia artificial. Su eficacia dependerá en gran medida de la cooperación voluntaria de las grandes tecnológicas y de la capacidad del gobierno para articular una respuesta coordinada en las próximas semanas.