El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva para retirar la protección de especie en peligro de extinción del lobo gris y de una subespecie, el lobo mexicano, abriendo potencialmente el camino para que los ganaderos puedan matar a estos cánidos con el fin de proteger su ganado. La decisión ha sido duramente criticada por grupos conservacionistas, que advierten del riesgo de echar por tierra décadas de esfuerzos de recuperación.
Según datos del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (FWS), en 2025 había 319 lobos mexicanos en estado silvestre en el país, una cifra que contrasta con los apenas cuatro ejemplares que existían cuando comenzó el programa de reintroducción en 1998. En cuanto al lobo gris, se estima que existen alrededor de 18.000 ejemplares en todo el territorio estadounidense, aunque la especie sigue considerándose en peligro debido a que la mayor parte de su hábitat ha sido destruido por la actividad humana.
La orden ejecutiva no concede inmediatamente a los ganaderos permiso para disparar a los lobos que atacan al ganado. En su lugar, otorga al secretario del Interior, Doug Burgum, un plazo de 90 días para determinar si las poblaciones de lobo gris y lobo mexicano se han recuperado lo suficiente como para justificar su retirada de la lista de especies en peligro de extinción. Un intento similar de desprotección federal en 2022 quedó enredado en litigios judiciales, y varios grupos ecologistas han indicado su intención de volver a recurrir a los tribunales si el Departamento del Interior actúa conforme a la orden de Trump.
El texto de la orden ejecutiva destaca el "papel vital" que desempeñan los ganaderos en la cadena de suministro alimentario y en el patrimonio cultural estadounidense. Además, señala que los rebaños de ganado del país se encuentran en su nivel más bajo en 75 años, mientras que la demanda de carne de res ha aumentado un 10% en la última década, lo que justifica, según la Administración, "hacer más para apoyar a esta industria crítica".
Sin embargo, las organizaciones ambientales contradicen esta visión y apuntan a estudios que sugieren que los ataques de lobos al ganado son poco frecuentes y tienen un impacto mínimo en los ingresos de los ranchers. Greta Anderson, directora adjunta del Western Watersheds Project, calificó la medida como "una gran distracción para complacer a un puñado de ganaderos y hacerles creer que los lobos son una amenaza mayor que las propias políticas del presidente Trump".
Por su parte, el Wolf Conservation Center recordó que, bajo el sistema actual, los ganaderos tienen derecho a recibir hasta un 100% de compensación por cualquier pérdida de ganado causada por los lobos, y que los estados individuales financian programas para disuadir estos ataques. Claire Musser, directora ejecutiva del Grand Canyon Wolf Recovery Project, fue tajante: "El lobo gris mexicano no se ha recuperado simplemente porque la población ha crecido. Debilitar las protecciones federales ahora pondría en riesgo décadas de trabajo de recuperación".
La orden se produce en un contexto económico complicado para el sector ganadero. La Administración Trump busca reducir los precios récord de la carne de res que enfrentan los consumidores, encarecida por la sequía y un brote de parásitos en las reservas de ganado estadounidense. Paradójicamente, los propios ganaderos han expresado su frustración por la decisión de Trump de flexibilizar las restricciones a las importaciones de carne para contener la subida de precios, una medida que ha apretado aún más sus ya ajustados márgenes de beneficio.
El trasfondo histórico de esta disputa se remonta a finales del siglo XIX, cuando el Gobierno de Estados Unidos lanzó una campaña para exterminar sistemáticamente a los lobos. Junto con las trampas y muertes a manos de agricultores y terratenientes, esta política llevó a la especie al borde de la erradicación. Aunque los lobos fueron reintroducidos posteriormente, los ganaderos siguen considerándolos una plaga, y actualmente matarlos de forma intencionada constituye un delito federal.
El pulso entre la industria ganadera y los conservacionistas no es nuevo, pero esta orden ejecutiva lo intensifica. Mientras el Gobierno defiende que la recuperación poblacional del lobo justifica la desprotección, los expertos y organizaciones ambientales sostienen que el número de ejemplares, aunque ha crecido, sigue siendo frágil y dependiente de las medidas de protección vigentes. La decisión final sobre el destino de estas especies quedará en manos del Departamento del Interior, cuya evaluación en los próximos 90 días será determinante. Mientras tanto, los grupos ecologistas ya preparan su respuesta legal, lo que sugiere que la batalla por la supervivencia legal del lobo gris y el lobo mexicano está lejos de haber terminado.