El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha denegado la petición cautelar presentada por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso para desalojar la acampada de la Puerta del Sol. Los jueces han rechazado la solicitud, señalando un error formal en la solicitud de la Comunidad de Madrid: no se había cumplido el plazo legal mínimo de tres meses para denunciar la inactividad de la Delegación del Gobierno. Esta medida es necesaria para analizar la procedencia de un desalojo forzoso de cientos de personas, además de proteger el derecho a la reunión de los acampados. La acampada, que ocupa el kilómetro cero de Madrid desde hace más de una semana tras el desahucio de Maricarmen, ha sido el foco de la protesta por la situación de la vivienda. La presidenta madrileña había anunciado la semana pasada su intención de llevar el caso a los tribunales tras exigir sin éxito el desalojo a la Delegación del Gobierno. La primera fase de medidas cautelárísimas, que no requería informe de las partes, también fue negativa, destacando la urgencia del caso pero la necesidad de pasar a la fase de cautelares para evaluar mejor los derechos en juego. Este rechazo refuerza la posición judicial ante la ocupación civil en la capital.
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