Tres científicos han sido juzgados en Barcelona por la supuesta destrucción de la fachada de la Delegación del Gobierno en 2023, tras verter zumo de remolacha durante una protesta contra la inacción climática. La Fiscalía de Barcelona solicita 18 meses de prisión y una multa de 2.700 euros para cada acusado, calificando los hechos como daños cualificados a un bien de dominio público. La defensa, liderada por Solange Hilbert, aboga por la absolución argumentando que la acción es una protesta amparada por el derecho de reunión y que los daños son reversibles. El juicio, que ha durado una hora y media, ha visto a los acusados, dos ambientólogos y una veterinaria, defender que el zumo se eligió por su facilidad de limpieza y no por malicia. La fiscalía ha insistido en la gravedad de dañar una superficie de piedra porosa, mientras que la defensa sostiene que se trata de un ensuciamiento trivial. El caso se suma a otras sentencias recientes contra activistas, como las de Madrid, donde la pena fue rebajada. El juicio queda visto para sentencia.
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