El Ministerio de Trabajo ha aprobado un real decreto que endurece la justificación de los despidos durante el periodo de prueba, una práctica que las empresas habían convertido en un atajo barato para prescindir de trabajadores sin indemnización. La Inspección de Trabajo acumulaba testimonios de miles de empleados despedidos bajo este pretexto, y los datos de la Tesorería de la Seguridad Social muestran un crecimiento disparado: en julio de 2020 se registraron 1.967 bajas por no superar el periodo de prueba, cifra que en julio de 2026 ascendió a 4.940. Entre enero y julio de 2026 se contabilizaron 29.464 despidos por este motivo, de los cuales el 71,66% afectaba a contratos indefinidos, frente al 22% de 2019. Según el sindicato USO, en 2025 las empresas extinguieron 1,02 millones de contratos alegando la misma causa. La reforma laboral de 2022 restringió la contratación temporal, lo que empujó a muchas compañías a contratar como indefinido y usar el periodo de prueba para deshacerse del empleado sin coste. El nuevo decreto mantiene el tope de seis meses, pero obliga a detallar por contrato las pruebas concretas, las tareas y las funciones que se evaluarán, con el fin de dar más argumentos al trabajador si el caso llega a los tribunales. Además, las empresas deberán desglosar salario base y complementos, y explicar el funcionamiento de los algoritmos cuando influyan en turnos, ascensos o despidos. Las compañías disponen de 20 días desde la publicación en el BOE para adaptar sus contratos.
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