TP-Link, uno de los principales fabricantes de routers Wi-Fi del mundo, ha anunciado una intención de invertir casi 1.000 millones de dólares para establecer una planta de ensamblaje en Corinth, Misisipi, Estados Unidos. Esta iniciativa busca eludir la prohibición de routers extranjeros impuesta por la administración de Donald Trump, que actualmente impide la importación de sus nuevos dispositivos Wi-Fi 8. La empresa ha enviado una carta a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) solicitando una exención condicional para operar en el mercado estadounidense.
El proceso depende de que la FCC otorgue esta exención, ya que la compañía aún no ha recibido una respuesta formal sobre su solicitud. TP-Link argumenta que, aunque compra componentes de chips de empresas estadounidenses como Qualcomm y Broadcom, estos no se fabrican en territorio nacional, lo que complica la clasificación de sus productos como 'hechos en EE. UU.' según los requisitos actuales de la administración. La empresa afirma que su participación de mercado en EE. UU. es del 9% al 10%, un dato que la FCC y varios estados cuestionan, acusando a TP-Link de dominar el mercado y de tener vínculos con China.
A pesar de las críticas y las demandas de cinco estados, TP-Link insiste en que su modelo de negocio prioriza la calidad y la seguridad, negando la existencia de puertas traseras o vulnerabilidades superiores a las de otros fabricantes. Si la FCC aprueba la exención, TP-Link podría comenzar la producción en 2026, aunque la empresa no ha confirmado que fabricará todos los routers destinados a EE. UU. en el país, dejando la decisión final en manos de la dirección ejecutiva.