El Ayuntamiento de Toyama, en la prefectura de Toyama, enfrenta una investigación policial por supuestamente haber añadido más de 2.000 residentes falsos al último censo nacional de Japón. Esta maniobra, realizada por funcionarios municipales, buscaba evitar que la ciudad cayera por debajo de los 400.000 habitantes, una cifra que el alcalde Hirohisa Fujii consideraba un hito simbólico y una prioridad política. La revisión definitiva del censo, realizada por el Ministerio del Interior, reveló que la población real era de 399.197 personas, situando a la ciudad por debajo de la barrera establecida. El fraude se detectó al identificar que los encuestadores habían marcado como hogares vacíos las viviendas que, en realidad, estaban habitadas. El Gobierno central ha presentado una denuncia penal y la policía ha registrado el ayuntamiento. Además de la imagen pública, la manipulación de datos afectaba a la financiación local, ya que la población determina las transferencias gubernamentales; Toyama calcula que pudo haber recibido hasta 60 millones de yenes (unos 380.000 dólares) más de lo debido. Este caso ilustra la gravedad de la crisis demográfica en Japón, donde la población ha descendido 3,17 millones de habitantes entre 2020 y 2025, y el 30% de los residentes tiene más de 65 años.
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