Una coalición de supervivientes de incendios, grupos de defensa del consumidor, gobiernos locales, abogados de demandantes y aseguradoras se opone al proyecto de ley que el gobernador de California, Gavin Newsom, negocia en las últimas horas de la sesión legislativa para limitar la responsabilidad de las tres grandes eléctricas del estado (PG&E, SDG&E y SCE) tras incendios que ellas mismas han provocado. La propuesta restringiría las demandas de las víctimas, bloquearía la subrogación de las aseguradoras y recortaría los honorarios de los abogados que las representan.
El núcleo de la disputa es el California Wildfire Fund, una cuenta con 38.000 millones de dólares de capacidad de pago, según el modelo citado por Every Fire Survivor’s Network (EFSN), frente a reclamaciones estimadas de entre 10.000 y 15.000 millones. La directora ejecutiva de EFSN, Joy Chen, sostiene que no existe emergencia financiera que justifique un rescate de última hora y denuncia que la administración no ha presentado datos que refuten esa estimación.
El texto recuerda los precedentes de Camp Fire (2018), que dejó 84 muertos y llevó a PG&E a declararse en bancarrota con un acuerdo de 13.500 millones de dólares, y del incendio Eaton (2025), causado por una torre inactiva de SCE que mató a 19 personas. Consumer Watchdog estima que las eléctricas invirtieron casi 17 millones de dólares en lobbying en lo que va de la legislatura y financiaron al grupo Wildfire Victims First, cuya imagen pública dirige Nathan Click, exdirector de comunicación de Newsom.