La política de inmigración en Suecia se ha transformado radicalmente en los últimos cuatro años, adoptando una línea de extrema derecha y autoritaria. El Departamento de Inmigración ordena la expulsión de ciudadanos de países como Irán, a pesar de la guerra en curso, y de menores como Emanuel y Raif. La política se basa en leyes endurecidas que limitan la inmigración a sucesivos umbrales de ingresos, afectando a jóvenes, ancianos y trabajadores de alta calidad. El primer ministro Ulf Kristersson defiende una política de inmigración dura y no adaptable a cada destino individual.
La situación política se caracteriza por la aceptación de la extrema derecha, que incluye etnonacionalismo, retórica xenófoba y políticas autoritarias dirigidas a los niños. Esto se manifiesta en la redefinición de la política judicial para construir cárceles para adolescentes de 14 años y en la aplicación de nuevas leyes de inmigración.
El contexto político se basa en el acuerdo de Tidö, alcanzado en 2022 entre los Demócratas de Suecia y otros partidos conservadores, que permitió formar un gobierno minoritario. Esta coalición de extrema derecha ha absorbido las ideas de los Demócratas de Suecia y ha llevado a la oposición de centroizquierda a aceptar ideas de extrema derecha. En 2026, el Instituto Sueco de Derechos Humanos expresa su “grave preocupación” por la erosión de los derechos humanos, mientras que otras organizaciones señalan la conversión de la política de derechos en un control policial.
La situación electoral se produce en un contexto de incertidumbre. La oposición de centroizquierda cuenta con una ligera ventaja, pero se espera que la extrema derecha pueda encontrar un chivo expiatorio en los votantes musulmanes debido a campañas de influencia.