Stop Killing Games, iniciativa creada en 2024 por el YouTuber Ross Scott tras el cierre de The Crew de Ubisoft, ha pasado de ser una campaña en redes a convertirse en una ONG con operaciones en Estados Unidos y Europa. El grupo reclama protecciones legales que obliguen a las editoras a publicar planes de fin de vida y permitan a los jugadores mantener los juegos operativos mediante servidores privados, una vez que las compañías dejan de darles soporte. En Europa, 45 parlamentarios firmaron en junio una carta pidiendo a la Comisión medidas legislativas; la Comisión respondió que no puede imponer por ley la continuidad de los juegos por las normas de copyright, aunque se comprometió a elaborar un código de conducta con las editoras. Stop Killing Games confía en que sus propuestas se incorporen al próximo Digital Fairness Act. En California, la organización impulsó la aprobación en la Asamblea del Protect Our Games Act, que obligaría a dar aviso previo del cierre y a garantizar el acceso de los jugadores a los juegos comprados a partir de enero de 2027, ahora a la espera del voto en el Senado. La industria, agrupada en la Entertainment Software Association, advierte de que la medida obligaría a mantener infraestructuras costosas y desincentivaría la producción de nuevos títulos. Los promotores responden que se trata de derechos del consumidor y que los jugadores deberían poder seguir usando lo que compraron.
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