SpaceX no retirará las 69 turbinas de gas sin permisos que actualmente alimentan los centros de datos Colossus de xAI, cerca de Memphis, hasta julio de 2027, según anunció la compañía el jueves. La eliminación forma parte de la transición hacia una planta permanente de gas natural de 1,2 gigavatios que la empresa construye en Mississippi, justo al sur de la frontera con Tennessee, una región considerada una de las más contaminadas de Estados Unidos.
Las turbinas llevan meses operando sin los permisos exigidos por la regulación federal, ya que según SpaceX/XAI el hecho de permanecer sobre los remolques en los que fueron transportadas las eximiría de obtener licencias. No obstante, las regulaciones federales indican que, por su tamaño y forma de uso, estos equipos sí requieren permisos independientemente de dónde estén colocados. Las turbinas tienen potencial para emitir más de 2.000 toneladas de óxido de nitrógeno (NOx) formador de smog al año, según TechCrunch.
La situación ha generado una batalla legal. La NAACP y el Southern Environmental Law Center (SELC) demandaron a xAI por operar más de 400 MW de turbinas de gas sin permisos, en violación del Clean Air Act. La demanda denunciaba la falta de supervisión pública y de mecanismos de rendición de cuentas sobre estas instalaciones, y exigía su paralización hasta evaluar formalmente su impacto ambiental. Sorprendentemente, el mes pasado el Departamento de Justicia de Estados Unidos se posicionó a favor de SpaceX en el litigio, argumentando que las turbinas sin permisos eran una cuestión de "seguridad nacional, económica y energética". El DOJ también pidió a los tribunales que desestimaran la demanda al considerar que los modelos de IA de xAI son necesarios para "la innovación en inteligencia artificial que apoya las operaciones militares del Departamento de Guerra", dejando a los residentes sin herramientas legales efectivas para frenar el proyecto.
En el plano corporativo, SpaceX adquirió xAI en febrero de 2026 y, según su documentación de salida a bolsa, planea comprar 2.800 millones de dólares en turbinas de gas adicionales durante los próximos tres años. La nueva planta permanente constará de 41 turbinas con potencias que oscilan entre 16,48 MW y 50 MW, de modelos distintos a las 69 unidades actualmente en funcionamiento, según los documentos de permisos emitidos por el Departamento de Calidad Ambiental de Mississippi. A principios de este año, Elon Musk adquirió APR Energy, empresa especializada en energía temporal, cuyas turbinas tampoco parecen coincidir con las previstas para el proyecto Colossus, lo que sugiere que esa flota estaría destinada a otro proyecto aún no anunciado.
Mientras tanto, el Colossus I, primer centro de datos de xAI, fue puesto en marcha en apenas 122 días desde el inicio de obras, un ritmo que críticos describen como una estrategia deliberada para evitar evaluaciones ambientales y preguntas sobre el impacto en la población circundante. La compañía inicialmente negó que las turbinas estuvieran en funcionamiento, hasta que periodistas y organizaciones ecologistas emplearon imágenes térmicas para confirmar que estaban activas y emitiendo contaminantes como smog y formaldehído. En este contexto, voces críticas como el portal illegal.solutions subrayan que, durante casi dos años más, los residentes de la zona continuarán expuestos a contaminación atmosférica mientras xAI opera al margen de las normas que se aplican a cualquier otro actor, gracias al respaldo del Gobierno federal. SpaceX, por su parte, defiende la legalidad de su modelo y enmarca el proyecto como una infraestructura estratégica para el desarrollo de la inteligencia artificial.
En resumen, el acuerdo con el regulador de Mississippi concede a SpaceX/xAI un año adicional para mantener operativas unas turbinas que ya llevan meses —y en algunos casos dos años— funcionando sin los permisos correspondientes, mientras construye una planta definitiva que, según la empresa, sí contará con todas las autorizaciones necesarias. La decisión deja en el aire las implicaciones para la salud pública en una de las zonas más contaminadas del país y marca un precedente sobre los límites entre la regulación ambiental y los intereses de seguridad nacional invocados por Washington.