Los trabajadores de Oakland, California, han logrado un acuerdo provisional de tres años con el gobierno municipal que incluye protecciones específicas contra la implementación de sistemas de inteligencia artificial. La victoria se debe a una votación del 94,1% a favor de autorizar una huelga el 22 de octubre, impulsada por el temor a la vigilancia excesiva y a la pérdida de empleo. El pacto obliga a la administración a reasignar o reentrenar a los empleados desplazados por la IA en lugar de despedirlos, poniendo en pausa la huelga prevista para el 5 de noviembre.
Este caso se enmarca en una tendencia nacional donde los sindicatos del sector público buscan garantías explícitas frente a la automatización. Según una encuesta de Ernst and Young, casi el 70% de las agencias gubernamentales estatales y locales ya han adoptado o están implementando IA generativa. Expertos como Liz Shuler, presidenta de AFL-CIO, argumentan que los trabajadores deben negociar estas salvaguardas, ya que los legisladores actúan con lentitud. En el sector de los transportes, la Transport Workers Union (TWU) ha logrado contratos que otorgan derecho de veto sobre la implementación de vehículos autónomos, aunque admite que la IA puede ser útil para la seguridad. La lucha continúa, con sindicatos como el SEIU presionando a estados como Pennsylvania para garantizar la supervisión humana en el uso de herramientas como ChatGPT Enterprise.
