El Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la UE escenificó el pulso entre dos bloques sobre la propuesta de la Comisión Europea de rebajar del 100% al 90% la reducción obligatoria de emisiones de CO₂ en coches y furgonetas nuevos para 2035. España, Francia, Dinamarca, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Suecia se oponen a una relajación amplia y reclaman que cualquier cambio sea mínimo y cuidadosamente diseñado, por considerar que modificar las reglas socavaría la previsibilidad regulatoria en pleno despegue del eléctrico. La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, rechazó reducir los objetivos tras los cambios ya aprobados para 2025-2027. En el lado opuesto, Alemania, Italia, Polonia, Chequia, Eslovaquia y Bulgaria piden una revisión más profunda, mayor espacio para biocombustibles y combustibles sintéticos y ventajas para vehículos fabricados en la UE. El comisario de Acción Climática, Wopke Hoekstra, defendió la flexibilización argumentando que el eléctrico avanza a “velocidad récord” —cuota del 22% en mayo y cerca de un millón de matriculaciones entre enero y mayo, con Francia (+93%), Italia (+85%), Alemania (+39%) y España (+34%) al frente— y que la transición debe completarse sin perder competitividad. El borrador del eurodiputado Massimiliano Salini equipara los combustionados con combustibles neutros a los eléctricos, reduce del 40% al 30% el objetivo de electrificación de furgonetas para 2030, amplía de tres a cinco años el periodo de evaluación y extiende los supercréditos a híbridos enchufables.
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