Desde el 1 de julio, el Gobierno chino ha aprobado una nueva normativa que permite ampliar los proyectos piloto de robotaxis a toda la ciudad de Shenzhen, poniendo fin al carácter experimental que hasta ahora limitaba su despliegue en áreas concretas. Hasta la fecha, empresas como Pony.ai y Baidu operaban en zonas restringidas de la ciudad; con el cambio legal, estas flotas autónomas podrán circular por toda el área urbana con fines comerciales.
La medida ha generado una fuerte reacción entre los aproximadamente 400.000 taxistas que trabajan en Shenzhen a través de plataformas como Didi. Varios conductores han calificado la ley de "increíblemente cruel" en declaraciones al Financial Times y han alertado sobre el impacto que tendrá en las familias que dependen del sector. El contexto agrava el malestar: la media de carreras por conductor se sitúa en 13 al día y muchos trabajan jornadas de 12 horas para ingresos en torno a los 12.000 yuanes mensuales (unos 1.500 euros). Algunos profesionales restan importancia a la competencia y defienden que el servicio humano no puede igualarse, aunque otros reconocen la incertidumbre sobre cómo evolucionará la demanda.
La expansión de los robotaxis se enmarca en la estrategia china para hacer frente al envejecimiento demográfico y a la reducción de la fuerza laboral prevista por la ONU de aquí a 2100, una transformación que ya se observa en la automatización masiva de las fábricas.