El Ayuntamiento de Seattle se ha convertido en la ciudad más grande de Estados Unidos en aprobar una moratoria de un año sobre la construcción de nuevos centros de datos, en medio de un creciente rechazo social y político a la expansión descontrolada de estas instalaciones vinculadas a la inteligencia artificial. La medida, que se someterá a votación final del pleno municipal el próximo martes tras recibir el apoyo unánime de las comisiones del consejo, busca proteger a los residentes del aumento de costos energéticos y los riesgos ambientales, según sus impulsores.
La decisión llega después de que se conociera que cuatro empresas presentaron solicitudes para construir cinco grandes centros de datos en zonas servidas por la empresa pública de servicios eléctricos de Seattle. De haberse aprobado, estas instalaciones habrían consumido aproximadamente un tercio de la demanda eléctrica diaria actual de la ciudad, una cifra que encendió las alarmas entre autoridades y activistas. La alcaldesa Katie Wilson reconoció que ella misma se enteró de estos proyectos por la prensa, a través de un reportaje del Seattle Times publicado en abril.
"Tanto yo como muchos concejales estábamos dispuestos a avanzar hacia una moratoria, especialmente sabiendo que había un apoyo público muy fuerte para ese camino", declaró Wilson, en declaraciones recogidas por The Guardian. La mandataria aseguró que la pausa permitirá al gobierno local determinar si los centros de datos representan "un buen uso del suelo urbano" y, en caso afirmativo, establecer requisitos de beneficio público, como inversiones obligatorias en vivienda asequible y transporte, a cambio de su aprobación. "¿Hay un mundo en el que querríamos un centro de datos grande en Seattle? Creo que la respuesta no está clara", añadió.
La moratoria, no obstante, no equivale a una prohibición definitiva. Los activistas climáticos y grupos de justicia social, como 350 Seattle, optaron estratégicamente por una pausa temporal en lugar de una prohibición total, con el objetivo de sumar a una coalición más amplia. Ben Jones, portavoz de 350 Seattle, explicó a The Guardian que un retraso de un año podría bastar para impedir la construcción: "Si la burbuja del mercado de la IA estalla en el próximo año, es poco probable que estas instalaciones lleguen a construirse".
Durante el período de pausa, las autoridades podrán establecer estándares de contaminación, requisitos de conexión energética, condiciones contractuales y normas laborales específicas para los centros de datos. La medida también permitirá a la empresa pública de electricidad de Seattle fijar tarifas diferenciadas para los nuevos clientes de "gran carga", categoría que incluye a estos complejos. Una enmienda contempla que los centros de datos ya existentes puedan solicitar ampliaciones de hasta 20 megavatios adicionales durante la moratoria, aunque los activistas piden que se precise qué tipos de instalaciones —por ejemplo, las que dan soporte a llamadas de emergencia o servicios de salud— podrían acceder a esa excepción.
La reacción ciudadana ha sido contundente. Eddie Lin, presidente del comité de uso de suelo y sostenibilidad del consejo municipal, recibió más de 10.000 correos electrónicos de residentes a favor de la moratoria. En una sesión de comentarios públicos celebrada el 20 de mayo en el ayuntamiento, más de 50 vecinos se pronunciaron a favor de la pausa y ninguno en contra. Las preocupaciones expresadas incluyen el impacto climático de instalaciones que suelen operar con combustibles fósiles, la contaminación acústica y atmosférica, la transformación de tierras agrícolas en almacenes de componentes informáticos y la amenaza al acceso estable y asequible a recursos naturales como el agua.
La moratoria tiene además una dimensión simbólica significativa: Seattle, sede de Microsoft y Amazon, se ha convertido en escenario de un rechazo frontal a la industria tecnológica que la vio nacer. Ambas compañías han despedido a miles de trabajadores locales en el último año mientras destinan una cifra proyectada de 390.000 millones de dólares a inversiones en inteligencia artificial durante 2026, según datos citados por The Guardian. Esta contradicción ha movilizado a los propios trabajadores del sector. Nivi Achanta, ex consultora tecnológica y actual activista climática en Seattle, señaló que la inteligencia artificial es ahora localmente "sinónimo de personas que pierden sus empleos" y que los empleados se sienten "más productivos, pero también más prescindibles".
Grupos como Amazon Employees for Climate Justice han impulsado campañas internas y externas para traducir ese malestar en acción política. Achanta destacó que la concentración de grandes tecnológicas en la ciudad, paradójicamente, facilita la organización: "La consolidación de estas grandes empresas tecnológicas hace más fácil encontrar la reacción contraria y ver que no estás solo".
La dimensión indígena añade otro capítulo al debate. Debora Juarez, presidenta del comité que supervisa la empresa pública de electricidad y miembro de la Nación Blackfeet, advirtió que el consumo de agua de los centros de datos podría amenazar los derechos treaty y de agua de los pueblos originarios, lo que colocó a las tribus entre los primeros colectivos en organizarse contra estas instalaciones. "No podemos esperar liderazgo del gobierno federal, pero sí de los gobiernos tribales", sostuvo Juarez.
Con la votación del martes prácticamente asegurada, Seattle se suma a la lista de decenas de jurisdicciones locales en Estados Unidos que han comenzado a regular los centros de datos, en un fenómeno que The Guardian describe como bipartidista. La pregunta que queda abierta es si esta pausa temporal se convertirá en una regulación permanente y si el ejemplo de la capital tecnológica del Pacífico Noroeste inspirará a otras ciudades a seguir el mismo camino.