La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado la incorporación del aborto farmacológico a la cartera de servicios de Atención Primaria. Esta medida, presentada durante el acto 'Abortar sin barreras', busca permitir que las mujeres accedan a este método mediante medicamentos en sus centros de salud, en lugar de limitarse exclusivamente a los hospitales. El objetivo es reducir los desplazamientos y el estigma, garantizando el acceso a información precisa y acompañamiento profesional.
La iniciativa implica modificar el Real Decreto que regula la autorización de centros sanitarios y actualizar la ficha técnica de la mifepristona para su uso fuera del ámbito hospitalario. Según los datos actuales, casi el 80% de las intervenciones se realizan en clínicas privadas concertadas, con una desigualdad territorial extrema: en comunidades como Madrid, Andalucía o Castilla-La Mancha, la atención pública no supera el 1%. La ministra justifica la medida como una forma de 'cuestar menos decidir con libertad', asegurando que las mujeres elijan el método adecuado para su situación.
Además, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha indicado que su departamento estudia un reglamento para mejorar la información recibida por las mujeres durante el proceso. Esta estrategia se enmarca en el blindaje del derecho al aborto en la Constitución, buscando eliminar las barreras legales y sociales que impiden el acceso equitativo a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema público.