La jueza canadiense Kimberly Prost, del Tribunal Penal Internacional (TPI), enfrenta restricciones severas en su vida personal y profesional tras las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump. Según reportes de NPR, Prost ha perdido el acceso a servicios digitales esenciales, como su asistente de voz Alexa, y sus tarjetas de crédito han sido canceladas, limitando sus transacciones bancarias. Además, la aseguradora francesa AXA ha denegado sus reclamaciones de salud, citando decisiones empresariales para evitar cumplir con las sanciones estadounidenses.
Las sanciones, que afectan a nueve de los 18 jueces del TPI y a dos fiscales adjuntos, provienen de una orden ejecutiva que penaliza a los funcionarios del tribunal involucrados en casos relacionados con Israel, Gaza o Afganistán. Prost, quien fue sancionada por aprobar una investigación sobre crímenes en Afganistán, argumenta que su rol era judicial y no investigativo, y que no tiene relación con la situación en Israel-Gaza. La jueza está litigando en tribunales federales de Nueva York contra la administración Trump, calificando las medidas como ilegales. A pesar de las presiones, Prost afirma que continuará ejerciendo su cargo de forma objetiva e independiente, priorizando la integridad del proceso judicial sobre las presiones geopolíticas.