El Ayuntamiento de Salamanca ha talaado una veintena de chopos adultos en la ribera del río Tormes, entre los puentes Enrique Estevan y Sánchez Fabrés, justificando la medida por riesgos de estabilidad y seguridad. Esta acción, realizada el 2 de noviembre de 2026, forma parte de un proyecto cofinanciado con fondos europeos de uso recreativo y turístico, cuyo coste de saneamiento asciende a 820.000 euros. La decisión ha generado críticas por coincidir con la zona de mayor visibilidad de la Catedral de Salamanca, lo que ha llevado a la oposición política a sospechar que el objetivo real es mejorar las vistas turísticas y facilitar selfies, más que la seguridad. La Confederación Hidrográfica de Duero autorizó la tala bajo la condición de que solo se retiraran árboles con riesgo real para el monumento, a menos de 25 metros de los puentes. Sin embargo, el Comité Antinuclear y Ecologista cuestiona el cumplimiento de esta norma, exigiendo la publicación de los informes técnicos. Mientras el ayuntamiento promete plantar el doble de ejemplares autóctonos, los críticos señalan que la sombra de los árboles maduros es crucial para el enfriamiento urbano, y que la tala sistemática contradice la estrategia de la ciudad de alcanzar los 200.000 árboles. El caso recuerda a las protestas de octubre de 2024 en la plaza del Oeste, donde la tala provocó un detenido y dos policías heridos, y a la situación en Zaragoza, donde se estima la pérdida de 10.000 árboles desde 2022.
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