El Reino Unido anunció este martes que prepara una legislación sin precedentes para obligar a empresas tecnológicas como Apple y Google a impedir que los menores de edad puedan capturar, visualizar o compartir imágenes de desnudos en sus dispositivos móviles. La decisión llega después de que el plazo de tres meses fijado por el Gobierno en junio expirara sin que las compañías cumplieran con las exigencias planteadas por el entonces primer ministro Keir Starmer.
La secretaria de Estado de Cultura, Medios y Deporte, Lisa Nandy, compareció ante el Parlamento para confirmar que, a pesar de los "compromisos significativos" presentados por Apple y Google, las propuestas actuales "no están a la altura de la escala de esta crisis". En consecuencia, el Ejecutivo promoverá una ley que impondrá la obligación de integrar soluciones de protección infantil tanto a nivel del sistema operativo del dispositivo como en las aplicaciones utilizadas por menores.
Según Nandy, las empresas que no incorporen estas medidas en teléfonos y tablets nuevos y existentes en el mercado británico se enfrentarán a multas e incluso a responsabilidad penal para sus altos directivos. "Sabemos que este es un sector que puede —cuando se le exige— innovar a un ritmo extraordinario cuando se pone en juego lo esencial", declaró la ministra. La normativa también explorará la posibilidad de imponer requisitos similares a aplicaciones populares entre los jóvenes, como Instagram y Snapchat, según recoge la publicación Wired.
El proyecto se inscribe en la estrategia del Gobierno contra la violencia hacia mujeres y niñas, y responde a la preocupación creciente por el uso de dispositivos infantiles como punto de partida para el grooming, la extorsión sexual y otras formas de abuso online. Datos de Ofcom citados por la BBC indican que una proporción creciente de niños británicos posee un smartphone, una cifra que aumenta con la edad. La organización NSPCC (Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad contra los Niños) sostiene que el contenido grabado en el propio dispositivo del menor puede ser el origen de estas formas de abuso.
El director ejecutivo de NSPCC, Chris Sherwood, calificó los planes legislativos como un "movimiento necesario" tras el incumplimiento del plazo por parte de las tecnológicas, aunque advirtió que "los niños no pueden enfrentar más retrasos" y exigió al Gobierno actuar con rapidez. Por su parte, Andy Burrows, de la Fundación Molly Rose, consideró las nuevas propuestas "fundamentales para su objetivo", pero denunció el proceso como un "camino innecesariamente largo y tortuoso".
Tanto Apple como Google defendieron sus avances en la materia. Un portavoz de Apple recordó que la función Communication Safety, lanzada en 2021, permite difumar fotos y vídeos con desnudos detectados en dispositivos infantiles, y aseguró que la compañía ha compartido con las autoridades británicas "planes futuros para fortalecer aún más" estas herramientas. Google, por su parte, se proclamó "líder del sector en la lucha contra la imaginería íntima no consensuada" y confirmó su compromiso de colaboración.
No obstante, la iniciativa ha despertado críticas firmes desde el ámbito de los derechos digitales. La aplicación de mensajería Signal acusó al Gobierno británico en junio de impulsar "infraestructura de vigilancia invisible" bajo la cobertura de la protección infantil. La organización Open Rights Group advirtió de que la medida implicaría que "cada adulto se vería obligado a pasar por un control de identidad digital" y que las imágenes privadas podrían ser escaneadas por defecto. El Ejecutivo ha rechazado tajantemente que el proyecto equivalga a vigilancia masiva.
La ley propuesta no impediría a los adultos acceder a imágenes de desnudos en sus propios dispositivos, siempre que verifiquen su edad. Sin embargo, precisamente ese mecanismo de verificación es el que genera mayor controversia entre defensores de la privacidad y expertos en seguridad digital.
El Gobierno ha dejado una puerta abierta: si las compañías implementan soluciones efectivas mientras se tramita la legislación, Nandy afirmó que reconsiderará si la ley sigue siendo necesaria. Por ahora, el Ejecutivo confía en aprobar el texto "tan pronto como sea posible", según declaró la ministra ante los parlamentarios.
El desenlace de esta iniciativa se presenta como un equilibrio complejo entre la protección de la infancia frente a los riesgos del entorno digital y las crecientes demandas ciudadanas para preservar la privacidad y limitar el alcance de la vigilancia estatal en línea.