Los agentes de IA capaces de negociar contratos, mover dinero o fijar precios de forma autónoma ya operan en empresas, y con ellos llega una pregunta jurídica inevitable: ¿quién responde cuando uno de esos agentes causa un fraude, una colusión de precios, una infracción de sanciones, una discriminación ilegal o una difamación? El análisis parte de una premisa firme: estos incidentes ocurrirán, por buenos que sean los sistemas, y algún agente económico deberá asumir la responsabilidad. Ni el propio agente —sin patrimonio, voluntad ni capacidad de sufrimiento, aunque la Unión Europea ya exploró la figura de la personalidad electrónica— ni el desarrollador del modelo están dispuestos a cargar con ella: OpenAI y Anthropic, por ejemplo, limitan su responsabilidad a las cuotas abonadas en los doce meses previos, trasladando el riesgo al cliente que despliega el agente. Así, en el esquema contractual actual, la responsabilidad recae sobre la empresa usuaria, lo que frena la adopción de agentes en tareas de alto impacto y abre la puerta a dos industrias nuevas. La primera es la infraestructura de riesgo y cumplimiento agentic, centrada en blindar identidades, autorizaciones y controles de acción —estándares en los que ya trabaja el NIST—. La segunda es la gestión de liability agentic, un análogo del seguro de automóviles para los daños causados por la IA, con productos pioneros como los ofrecidos por Munich Re. El texto incorpora además la dimensión penal, donde la clave no es solo quién paga, sino quién tuvo intención o imprudencia: con un simple prompt del tipo 'aumenta el beneficio un 20% sin errores', la línea entre el uso legítimo y el fraude contable se difumina, y la conclusión es que la sociedad aún no dispone de un marco para autorizar agentes sin restricciones en tareas con consecuencias penales.
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