La Proposición 65 de California, aprobada en 1986 con un 63% de los votos, es una ley de derecho a la información que exige a las empresas advertir cuando un producto puede exponer a los consumidores a sustancias químicas cancerígenas o tóxicas para la reproducción por encima de umbrales definidos. No prohíbe esas sustancias, pero obliga a colocar etiquetas que aparecen en alimentos, teléfonos, electrodomésticos y suplementos, entre muchos otros productos. La Oficina de Evaluación de Riesgos para la Salud Ambiental de California (OEHHA) fija los niveles considerados seguros y actualiza al menos una vez al año la lista de más de mil compuestos incluidos.
La norma surgió como respuesta a la creciente preocupación pública por la exposición a tóxicos y busca que los consumidores decidan con más información, al tiempo que incentiva a las empresas a reformular productos. Expertos como la científica ambiental Megan Schwarzman y la epidemióloga Mariana C. Stern explican que el etiquetado no implica que un producto sea peligroso: muchas compañías prefieren advertir antes que testar, y la presencia de la etiqueta no equivale a un veredicto de toxicidad. La OEHHA reconoce el problema del exceso de avisos, que diluye su utilidad, y ha exigido desde enero de 2028 advertencias cortas que nombren al menos una sustancia implicada. La advertencia tampoco garantiza inocuidad cuando no aparece, ya que la exposición cero es imposible en la vida cotidiana.