Decenas de manifestantes se congregaron esta semana frente a la mansión de 12 millones de dólares que el magnate tecnológico Peter Thiel compró en Buenos Aires en abril, al trasladar a su familia a Argentina. Con máscaras blancas y pancartas con consignas como "Peter Thief" o "No a la ley Peter Thiel", los protestantes rechazaron la presencia del cofundador de PayPal y Palantir en el país.
La movilización coincidió con un debate de seis horas en la Cámara de Diputados argentina sobre un paquete de reformas regulatorias impulsadas por el gobierno de Javier Milei poco después de la llegada de Thiel. El diputado Juan Marino calificó la iniciativa como un "paquete legislativo tecnofascista" destinado a consolidar el poder de los multimillonarios tecnológicos estadounidenses en Argentina.
Entre las medidas destaca el "super RIGI", un régimen de inversiones que ofrece a empresas extranjeras una tasa impositiva mínima y garantías de estabilidad regulatoria por 30 años, con los centros de datos de inteligencia artificial entre los sectores privilegiados. También se debatió una ley para eliminar restricciones a la compra de tierras por extranjeros —finalmente rechazada— y un decreto que obliga a organismos civiles a compartir datos personales de ciudadanos con los servicios de inteligencia.
Varios diputados han solicitado sin respuesta información sobre los contratos de Palantir con el Estado argentino. Legisladores y analistas como Cecilia Nicolini advierten que el país funciona como un "laboratorio" para los intereses tecnolibertarios de Thiel, que incluyen las "ciudades startup" fuera del control estatal. Milei publicó en el verano un artículo en el Financial Times defendiendo las "corporaciones no humanas" operadas por inteligencia artificial.