La propuesta de ley 45 (Prop 45) en California, diseñada para acelerar la construcción de infraestructura esencial, enfrenta críticas de defensores ambientales y expertos legales por su potencial para crear un hueco legal que permita a los desarrolladores de centros de datos evadir la supervisión pública. El proyecto reduciría los plazos de revisión ambiental a 365 días y limitaría los desafíos legales a 270 días, mientras que la consulta pública se restringiría a 45 días. Además, cambiaría la dinámica de la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA), obligando a los desarrolladores a proponer una única alternativa de mitigación en lugar de permitir que las agencias estatales desarrollen múltiples opciones. Los críticos advierten que la definición de 'proyecto esencial' podría incluir centros de datos bajo la categoría de 'acceso a internet de banda ancha', dado que estos centros proporcionan infraestructura de transmisión masiva. Aunque los promotores argumentan que los centros de datos no son proyectos de banda ancha esenciales, organizaciones como la NAACP y Earthjustice sostienen que esta medida prioriza la velocidad sobre la participación comunitaria y la transparencia, desempoderando a las comunidades que podrían verse afectadas por la expansión de la infraestructura tecnológica.
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