El Ayuntamiento de Valladolid, gobernado por PP y Vox, ha modificado el protocolo de acceso a vivienda social y ha sustituido la mención específica a las víctimas de violencia de género por una referencia genérica a la violencia en el ámbito familiar. El cambio se conoció tras la denuncia del PSOE de Castilla y León, que lo expuso en una rueda de prensa con escaso eco mediático, y ha sido confirmado por Cadena SER Valladolid.
La Coordinadora de Mujeres de Valladolid ha advertido de que la medida pretende invisibilizar la violencia machista y dificultar la protección de las mujeres. La entidad ha recordado que, tras el pacto entre PP y Vox en el consistorio, la concejalía de Igualdad desapareció del organigrama y quedó integrada en la de Servicios Sociales.
La reforma también elevó de uno a tres años el mínimo de empadronamiento para acceder a las ayudas, un requisito que, según la oposición, busca restringir el acceso de personas migrantes en favor de la llamada "prioridad nacional". Ambas decisiones se enmarcan en la agenda de Vox, que ya en 2022, al entrar en el Gobierno autonómico, intentó impulsar una Ley de Violencia Intrafamiliar que no prosperó.