El bufete Campola Law, a través de un texto firmado por un exfiscal, sostiene que cualquier persona interrogada por la policía debe permanecer en silencio y solicitar un abogado de forma inmediata, sin importar si es sospechosa, testigo o se considera inocente. El argumento central es que los agentes pueden mentir legalmente durante un interrogatorio, que la decisión de detener ya suele estar tomada antes de la conversación y que cualquier declaración, por inofensiva que parezca, puede usarse para construir un caso o incluso para crear cargos que no existían.
El escrito describe técnicas habituales de la policía, como invitar a una "conversación amigable" en la comisaría o acercarse al domicilio con "un par de preguntas", y advierte de que ambas situaciones suelen indicar que el individuo es sospechoso o posible sospechoso. También desmiente la creencia de que dar explicaciones claras basta para evitar una detención: según el autor, ni los antecedentes laborales, la formación ni la conducta previa influyen en la decisión policial.
Como recomendación práctica, el texto insta a pronunciar dos frases concretas —"Quiero ejercer mi derecho a guardar silencio" y "Quiero un abogado"— y a no responder más preguntas hasta contar con representación legal. Reconoce que solicitar un abogado puede parecer una señal de culpabilidad, pero argumenta que los casos se construyen con pruebas, no con apariencias. El texto concluye con una promoción directa de los servicios del bufete Campola Law para actuar como intermediario ante la policía.